Alberto Fernández tomó la decisión de avalar la permanencia de Glencore como socio de la futura empresa que formarán, si el Congreso aprueba la nacionalización, dentro de la futura base de YPF Agro.
El Gobierno intentará una jugada difícil, pero que de salir bien, blanquearía ante el mundo la intención de avanzar sobre Vicentin. Alberto Fernández tomó la decisión de avalar la permanencia de Glencore como socio de la futura empresa que formarán, si el Congreso aprueba la nacionalización, dentro de la futura base de YPF Agro. La idea es que Glencore sea el socio minoritario del proyecto que mantiene con la empresa que hasta ahora manejan las familias Nardelli y Padoan: la joint venture Renova. Se trata de dos plantas en Santa Fe, Timbúes (molienda de soja) y San Lorenzo (biodiésel y glicerina). Hoy Glencore es dueña de dos tercios de las plantas, luego de avanzar el año pasado en la compra de la mayoría de las acciones ante las dificultades de Vicentin.
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El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, invitó formalmente ayer a la firma a permanecer en el futuro dentro de la compañía, poniendo como ejemplo a las sociedades que YPF mantiene con otra petrolera como Chevron. “Si es una situación favorable, ¿por qué no?”, dijo el funcionario en declaraciones radiales.
La posición de no enfrentar a la compañía europea e invitarla a formar parte del futuro negocio que planea el Gobierno -en el caso que el Congreso apruebe la estatización- nace de dos motivaciones: el peso de Glencore en el mundo, la batalla judicial que se viene y el precio que habría que pagarle si se le compraran sus acciones. En el primer caso, los números de la compañía ameritan que cualquier operador económico quiera tenerla como socia. Facturó, a números de 2019, unos u$s200.000 millones; casi la mitad del PBI argentino.
Maneja el 25% de los mercados de cebada y girasol a nivel mundial, el 10% del trigo, el 50% del cobre y el zinc, el 28% del carbón para centrales eléctricas, el 38% del aluminio y el 45% del plomo. No sería descabellado pensar que, eventualmente y si la sociedad funciona, haya alianzas para que Glencore se dedique también a colocar producción argentina en esos sectores en los mercados mundiales que domina.
Sobre la cuestión judicial, entienden los abogados argentinos que la suiza no sería legalmente responsable de ninguna de las operaciones posiblemente ilegales en las que habría incurrido la conducción de Vicentin (ver nota aparte). Esto implica que, de nacionalizar la compañía, Glencore debería ser indemnizada en sus acciones, las que, como mínimo, implicarían un desembolso de entre u$s400 y u$s500 millones. Ese sería el precio que Glencore les puso a sus acciones en Renova, al intentar comprar la parte minoritaria de Vicentin en abril, por unos u$s325 millones.
Obviamente, los suizos no aceptarían menos, ya que esa propuesta había sido rechazada por la Justicia como baja, y desde Suiza avanzaba la elaboración de una nueva oferta cuando estalló la pandemia y se suspendió el tratamiento del concurso de la firma argentina. Reconoce, además, el Gobierno local que no hay margen para la imagen del país en el mundo, de hacerle un “pagadiós” a un gigante mundial en el mercado de granos, con el que, además, tendría que competir en el futuro. Y, eventualmente, comercializar.
Fuente: Ámbito
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