El radicalismo y el peronismo se miran con recelo para tratar de determinar si, en definitiva, alguno de los dos terminará flaqueando al final de la carrera de las modificaciones que tratan de impulsar a la ley antiminera. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, se está saliendo del conflicto con conversación política y escuchando lo que el otro tiene para decir.
Aún con un ritmo de debate cansino, la propuesta de modificar la ley 7722 para avanzar en algún tipo de desarrollo minero en la provincia ya mostró dos características, al menos.
Una de ellas es que, hasta el momento, el nivel de las protestas que habitualmente siempre surgen en el Valle de Uco por este tema han sido pocas. Y la otra, también novedosa, es que salvo un cruce muy virulento registrado en el comienzo del debate entre un legislador y el representante de la Cámara minera, el resto de las audiencias legislativas transcurrió con relativa normalidad.
Esto último que sucedió tiene su relevancia. Por primera vez en mucho tiempo, ante un escenario muy complejo como siempre fue la discusión por la minería, se está saliendo con conversación política y con las alternativas que cada sector está proponiendo para resolver el problema y escuchando lo que el otro tiene para decir.
¿Durará este clima? Difícil saberlo. Lo que sí, las reuniones en comisiones del Senado avanzarán al menos en dos oportunidades más y es probable que los cambios propuestos a la ley, presentados por los legisladores peronistas Alejandro Abraham y Juan Agulles, podrían llegar al recinto a mediados de noviembre,
Lo que se está discutiendo son dos modificaciones clave en la ley que le puso un cerrojo a la actividad hace ya más de 11 años en Mendoza. El más trascendente, es que se propone la eliminación de la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros, tal como reza la actual normativa.
Y el otro es el que más controversia generó: si bien el texto mantiene la premisa de prohibir el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, elimina la parte del anterior que añadía “Y otras sustancias similares”, lo que ampliaría el espectro de recursos químicos a utilizar. Entre ellos, el xantato que es utilizado para los procesos de lixiviación.
De avanzar con las modificaciones propuestas, la minería a gran escala no desembarcaría en el mediano en la provincia. Pero se destrabarían por lo menos tres proyectos que están dando vueltas desde hace años. Uno de ellos es San Jorge, en Uspallata.
Con el primero de los temas a modificar, el gobierno ya fijó postura, al menos, desde las autoridades ambientales. Según Humberto Mingorance, secretario de Ambiente, que las Declaraciones de Impacto Ambiental para aprobar cualquier iniciativa minera deban pasar por el filtro de la Legislatura ante de ser aprobadas, es sencillamente “una aberración”.
Ante un tema tan controvertido, ya está claro que el juego de Alfredo Cornejo es dejar que la discusión legislativa siga su curso. El gobernador sigue esperando la definición del peronismo y con eso en la mano buscará una estrategia con los propios que, como también se sabe, tienen miradas distintas acerca de qué hacer.
Ahora: tanto en el PJ con en el oficialismo se miran con recelo para tratar de determinar si, en definitiva, alguno de los dos terminará flaqueando al final de la carrera.
Ningún bloque se ha puesto hasta el momento a puntear los votos que se necesitan para que la ley de el primer paso en el Senado. Algunos legisladores peronistas ya están decididamente en contra, como Patricia Fadel y Gustavo Majstruk Adolfo Bermejo, una pieza clave en el el entramado Justicialista, todavía mantiene cierta distancia del proyecto.
Dentro de Cambia Mendoza una postura firme en contra sería la de Eresto Mancinelli, de Libres del Sur, pero el resto del bloque sigue a la marea hasta aquí.
En las reuniones de la semana pasada, se volvió a escuchar una histórica voz en este conflicto: la del troskismo, encarnado nuevamente en la figura de Raquel Blas, como ocurrió hace ocho años cuando se debatió el futuro de San Jorge.
La izquierda volvió a ponerse a la minería, argumentando la falta de “licencia social” para su desarrollo. Es una verdad a medias. Un estudio reciente de la consultora Reale Dalla Torre determinó que el 49,2% aprueba la explotación siempre que se realice en el marco de estrictos controles ambientales, contra un 48,2% que la rechaza de plano.
Un detalle que no es nuevo, aunque quedó plasmado en la misma encuesta: los niveles socioeconómicos más bajos son los más proclives a permitir la minería. Aquí las expectativas de conseguir trabajo juegan fuerte.
Desde que el tema se planteó hace ya casi un mes, el gobierno de Alfredo Cornejo acomodó su estrategia para avanzar con lo que siempre consideró por lo bajo como una prioridad: dar la discusión de la minería y debatir así la ampliación de la matriz productiva de la provincia.
Para Cornejo discutir esa ley de 2007 y cuya constitucionalidad fue ratificada por la Suprema Corte en diciembre pasado siempre fue considerado como un beneficio que podría llegara a largo plazo. Pero con costos políticos altísimos y a pagar en el corto plazo. Y con esa inercia se está moviendo.
Fuente: MDZ
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