El gobernador Rodolfo Suarez impulsó el Consejo Económico para discutir ideas y proyectos vinculadas al desarrollo de Mendoza.
Cuando el gobierno de Rodolfo Suarez pergeñó la creación del Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS), para discutir en ese ámbito ideas y proyectos imaginando la Mendoza del 2030, propuso tomar como base de las iniciativas los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) lanzados por el programa de desarrollo de las Naciones Unidas en el 2015.
En aquellos tópicos globales, suscriptos por más de 170 países y con la mira puesta en el 2030, el mundo se comprometió a trabajar para acabar con la pobreza y el hambre, por la salud y el bienestar general, igual que a extender los beneficios de la educación a la mayor cantidad de personas, proteger el agua limpia y ampliar las obras de saneamiento hasta donde fuese posible, a bregar por un sistema de energías limpias y sustentables, a cuidar los ecosistemas terrestres y a tender a la paz y a la justicia, con instituciones sólidas en todo el planeta, entre otros tantos fines nobles y necesarios. Bajo esas premisas como patrones a seguir inalterables es que el CEAS recibió, de acuerdo con lo que el Gobierno distribuyó en la semana, alrededor de unas cien propuestas de proyectos y medidas a tomar de aquí en adelante, a corto, mediano y largo plazo.
En medio de todo ese contexto es que el Ejecutivo se pondrá a estudiar una iniciativa privada que combina una posible explotación de la mina de sales de potasio ubicada en Malargüe –para la que el Gobierno busca inversores de una escala cercana a los 200 millones de dólares– sumada a un sistema de extracción de oro encuadrada en los lineamientos que ordena la famosa 7.722, la conocida popularmente “ley antiminera”. Por lo que las mismas fuentes del Gobierno han admitido, la idea ha sido acercada por un grupo de tres empresas argentinas, dos de ellas con asiento en Mendoza, que bajo la forma de una UTE pretenden seducir a la Provincia para explotar las sales de potasio y, a la vez, transferirle el método de extracción de las minas de oro que hoy se encuentran en estudio pero sin avances, debido a los impedimentos legales que no permiten el uso del cianuro y de otras sustancias para extraer no sólo el oro, sino también el cobre de los varios yacimientos ya identificados en suelo mendocino.
El grupo de tres empresas locales se apresta a competir con los chinos y, posiblemente, con inversores alemanes que en los últimos días han visitado la mina de sales en Malargüe, como en el 2019 lo hiciera, también, enviados por la Shanghai Potash, la empresa estatal china más importante del planeta, una de las interesadas en el yacimiento mendocino y que en alguna oportunidad manifestara hasta la voluntad de hacer una inversión de unos 2.500 millones de dólares. Con el paso del tiempo, sin embargo, tales promesas se han ido diluyendo.
La sociedad de capitales argentinos ha firmado un compromiso de confidencialidad por lo cual, por el momento, mantiene en reserva la identidad de la UTE como también el contenido, en gran medida, de los aspectos centrales que hoy discute con el Ministerio de Economía que conduce Enrique Vaquié en el gobierno de Suarez.
Por lo que El Sol ha podido confirmar, lo que ha empezado a ser estudiado con atención es el programa Oro sin Cianuro ofrecido al Gobierno para explotar el recurso en la provincia.
Se trata de un proceso creado por la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth de Australia (CSIRO), una agencia independiente, afirman, del Gobierno australiano responsable de la investigación científica. La CSIRO dice mantener activos 50 centros de investigación en Australia, Francia, Chile y Estados Unidos y que en ellos emplea a unas 5.000 personas.
Afirma que la tecnología fue desarrollada en un lapso de diez años para construir una planta piloto donde llevaron adelante los testeos del producto en un entorno industrial.
Antes de que la Barrick Gold de EEUU adoptara el sistema, en el 2018, la firma Clean Mining y CSIRO habían construido una planta de procesamiento en Menzies, Australia, donde lograron el primer vertido de oro en diez meses.
El nuevo método remplaza al cianuro durante la lixiviación para lo que utiliza un reactivo sostenible. Y, al compararlo con el procedimiento tradicional que utiliza cianuro, alcanzó un rendimiento de separación del oro superior a 80 por ciento con el reagente sostenible. Para Mendoza, donde el uso del cianuro está prohibido, proponen aplicar el nuevo sistema asegurando, afirman, menos consumo de agua que el sistema tradicional y sin posible contaminación.
En el documento que ha trascendido, la UTE le propone al Gobierno estimular la creación de centros regionales de procesamiento de oro sin cianuro destinados a la pequeña y mediana minería, además de promover el desarrollo de empresas mineras familiares, cooperativas y otras firmas medianas para generar recursos sustentables.
En el Gobierno entienden que la idea en curso, acercada a Economía por las tres empresas argentinas, de una escala media y pequeña, puede ser la puerta de entrada a la rediscusión del desarrollo minero, adaptado en cien por ciento a la 7.722. En esa línea se encuentra, además, el yacimiento de cobre San Jorge, ubicado en Uspallata, en el que los rusos dueños del emprendimiento aguardan que se les dé el visto bueno a las correcciones que le hicieron al proyecto para que entre en sintonía con la norma.
De todas maneras, el reimpulso a la discusión dependerá de muchos factores, además de los sociales, claro está, y de una nueva decisión política seria que dé garantías suficientes y tranquilidad a quienes lo solicitan. Si no se empieza por ahí, el tema seguirá siendo el monarca de los asuntos tabúes mendocinos por mucho tiempo.
Fuente: El Sol
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