La abogada especialista en derecho minero, Jimena Daneri, estuvo en el programa radial de la Cámara Minera de San Juan y destacó el rol del abogado dentro de la industria minera. También reflexionó sobre empresas tiple impacto, educación, RIGI y ley provincial de proveedor local. “Soy una convencida de que no se deberían necesitar este tipo de normas para fomentar el desarrollo de proveedores y empleo local”.
¡Bienvenida a Creación Renovable Jimena! Arranquemos esta entrevista hablando un poco de vos, ¿hace cuánto te dedicas al derecho minero?
Arranqué en el año 97 o 98, hace muchos años ya. La verdad es que yo le debo estar en el sector a dos personas que ocupan un lugar muy especial en mi corazón: Gabriela Novoa y su papá, Miguel Novoa. Gabriela fue una amiga mía entrañable de toda la vida, y Miguel, además de su papá, fue un excelentísimo profesor de derecho minero. Ellos, de alguna manera, fueron los que me invitaron a participar de esta actividad y los que me iniciaron en este camino. Así que gracias a ellos descubrí un mundo maravilloso que bueno, después ha continuado por una vida, por un camino distinto al de ellos, pero que ha sido un camino de descubrimiento permanente.
Y en esos tiempos, del 97 para acá, supongo que abogados especializados en derecho minero eran ellos y algunos poco más…
Sí, muy poquitos. En ese momento ya estaba trabajando Sandra Basáñez en el estudio Basáñez y Videla, que también son un hermosísimo estudio, y el doctor Bosque. Imposible no recordar al doctor Bosque, quien hasta el día de hoy recorre, y recorremos juntos a veces, los pasillos de minería. Son como los históricos de esta actividad.
En estos últimos 20, 30 años ha habido un crecimiento exponencial en la cantidad de especialistas dedicados al derecho minero, ¿no?
Sí, yo creo que el crecimiento de la actividad en la provincia ha sido un factor fundamental para el desarrollo de los abogados dentro de esta rama del derecho. Es una rama que lamentablemente hoy en la mayoría de las universidades se ha reducido enormemente en cuanto a su estudio. Hoy es solo una materia, en la mayoría de las facultades del país, optativa, lo cual es una locura considerando que hoy la minería está considerada como una de las actividades vitales, críticas para el desarrollo económico de nuestro país. Sin embargo, quienes estudiamos derecho, si hoy mandamos a nuestros hijos a una facultad de derecho, seguramente va a ser una materia obligatoria en provincias que son más mineras, como pueden ser las provincias cordilleranas, entre ellas San Juan. Pero, en el resto del país, es una materia que se da solamente en un cuatrimestre o en un semestre y que en muchas de las universidades, como te decía antes, es optativa, con lo cual se estudia muchísimo menos, y además a veces se estudia de manera como muy desencajada de lo que es después efectivamente el ejercicio del derecho minero.
Es que si vos tenés una materia semestral o anual, como única, que diga derecho minero, ¿vos qué metés ahí adentro?
Muy poco. El estudio básico del código de minería, y además el derecho minero, es muchísimo más que lo que es propiamente propiedad minera, o contratos mineros. Es un mundo muchísimo más amplio, muy rico. Abarca aspectos como el ambiental, el social, el regulatorio, el contractual, el laboral, tiene toda una caracterización el mundo minero que es muy especial y que no lo estudias en la Universidad. Por lo tanto hay todo un estudio posterior que los abogados debemos hacer. Gracias a Dios hoy existen maestrías, diplomaturas o posgrados en distintos lugares del país que facilitan a los profesionales nuevos y a los no tan nuevos a continuar estudiando. Hoy la Universidad Católica, por ejemplo, tiene una maestría en gestión de negocios mineros que es una excelentísima maestría donde traen docentes de distintos lugares del país y a veces internacionales y además la Facultad de Ciencias Económicas tiene una diplomatura en minería. Así que hoy, por suerte, los profesionales tenemos algunas herramientas adicionales que nos permiten seguir profundizando en esta rama del derecho que es apasionante.
¿Qué significa ser abogado minero? Porque recién mencionabas un Código especial para esta rama, así como existe para otras el Código Penal o el Código Comercial…
Sí, cuando hablas de derecho minero hablas de un mundo o una rama del derecho mucho más amplio que lo que es propiamente el código de minería, como la base, es una de las normas más antiguas del país. A veces no se ha ido actualizando probablemente como se debería haber ido actualizando o como han ido otras normas actualizándose como es el Código Civil, el Código Penal, etc. Y probablemente habría que hacer una actualización normativa, pero es una herramienta que evidentemente es fundamental porque es la base a partir de la cual un abogado y los no abogados saben cómo constituir los distintos derechos mineros que se pueden constituir a los efectos de poder desarrollar un proyecto minero.
O sea que si yo quiero dedicarme al tema tengo que ser abogado primero, tengo que después especializarme en el código minero y otras normas complementarias, ¿cómo cuáles?
Bueno, la minería tiene una característica bien interesante que ha sido uno de los primeros sectores de la Argentina, uno de los primeros sectores económicos que ha tenido su propia ley ambiental. Hay una ley ambiental minera que es la 24.585 que fue incorporada al Código de Minería en la década del 90 y por supuesto esa es una de las normas ambientales que nos aplican a la actividad. ¿Por qué enfatizo esto? Porque muchas veces se habla de que la minería no respeta las normas ambientales o no respeta principios ambientales, etc. Sin embargo, la minería ha sido siempre una actividad muy avanzada. Ha sido de las primeras que ha empezado a tomar principios que se han ido imponiendo en el mundo y uno de ellos ha sido el principio de protección del ambiente.
La minería entonces tiene su propio Código y también su propia ley ambiental, ¿tiene más legislaciones y normativas que otros sectores productivos?
No sé si más que otros, pero sí tiene una normativa específica que además se complementa con otras normativas como puede ser la ley general del ambiente, como normas vinculadas al manejo de aguas, al manejo de otros recursos. Hay además normativas provinciales que se complementa con la normativa nacional y que hace a todo el aspecto regulatorio.
¿O sea que hay normas nacionales pero la provincia de San Juan también le va sumando las propias?
Exactamente, cuando un abogado tiene que contribuir o apoyar a un cliente para el desarrollo de un proyecto minero, tiene que analizar todo un plexo normativo que no se agota en el código de minería. Empieza con el código de minería pero que se complementa con toda una serie de reglas nacionales, provinciales, municipales. Pero, además, tiene que ser consciente de que como es una actividad con características muy especiales, como son todas las actividades extractivas, hay que seguir ciertos estándares internacionales que no deben dejar de conocerse. Ejemplo, el Código de Manejo del Cianuro, el Código Internacional de Manejo del Cianuro. Entonces vos, a lo mejor en la Argentina, no tienes una normativa específica que regula el manejo de esa sustancia y las empresas que manejan cianuro en su fase productiva sí o sí adhieren a esa normativa internacional, la incorporan, certifican esa normativa internacional y la toman como parte de su cumplimiento periódico regular.
O sea que sea hay una ley internacional, privada, pública, alguien la emite y yo como empresa me “agarro” de esa norma y me propongo manejar. Por ejemplo, lo que es el cianuro acorde a esa norma y no de otra porque por Argentina no existe.
Exacto, cuando vos tenes ciertos vacíos legales en el país, inmediatamente te das vuelta, miras qué hay en el mundo y tratas con esos estándares internacionales o esa normativa internacional que a lo mejor no es obligatoria en tu país. La traes, la aplicas y además certificas tu operación como una operación que cumple con esa normativa internacional. A partir de que vos la incorporas empieza a ser obligatoria. Pero además toda empresa debe tener, aunque sea pequeña, algún sistema de procedimientos. A veces los tienen de manera informal, pero los tienen. Funcionan de una determinada manera. Ahora cuando nos vamos a grandes empresas mineras, a empresas multinacionales que en general cotizan acciones en bolsa, tienen que tener obligatoriamente una normativa interna bajo la cual se regule. Esa normativa interna, que generalmente está asociada a los temas principales de tu negocio, tiene un código ético de negocios. Tenes normativas relacionadas con temas de cómo vas a manejar situaciones de corrupción, cómo vas a respetar los derechos de tus trabajadores, el respeto a las comunidades, cómo vas a manejar tus temas ambientales, cómo vas a hacer todo tu trabajo logístico, etc. Entonces vos tenes toda una serie de normas internas que forman parte del paquete regulatorio que tenes que cumplir indefectiblemente en una empresa.
O sea que yo tengo normas internacionales, normas nacionales, normas provinciales, normas municipales y las normas internas de la empresa.
Exacto. Es un mundo muy grande de normas.
Y el rol del abogado minero ¿de qué manera aparece en toda esta ecuación?
El abogado de empresa tiene que ayudarle a su equipo de dirección, y usualmente integra a ese equipo de dirección, a hacer el negocio de una manera correcta. Y cuando nosotros hacemos el negocio de una manera correcta, estamos hablando de cumplimiento de normas. Por eso el abogado, cualquier abogado, pero sobre todo el abogado de empresa, que es el que te ayuda a ejecutar el negocio de una manera adecuada, de una manera correcta, siempre te va a impulsar a pedir permiso, a pedir autorización, a ir en cumplimiento de lo que las normas establecen, a veces hasta sobre-cumplir. Y no aceptamos el principio de más vale pedir perdón que permiso, porque cuando vos tienes que ir a pedir perdón significa que ya hiciste algo inadecuadamente. Y no nos olvidemos que hoy se habla muchísimo de las empresas de triple impacto, de los negocios de triple impacto.
¿Qué es un negocio de triple impacto?
Un negocio que cumple cuestiones ambientales, o que es un negocio ambientalmente sostenible, que es un negocio socialmente aceptable y sostenible o sustentable, pero además que tiene un beneficio económico. El hacer las cosas correctamente, conforme a las normas, en el entendimiento de lo que hablábamos antes, que norma es todo este mundo gigante de regulaciones, es transversal estas tres características. Si vos no cumplís en lo ambiental, en lo social y en lo económico, con las regulaciones existentes en un país, en una provincia, en un municipio, los estándares y además las autoimpuestas, ibas a fallar en tu proceso de ser un negocio de triple impacto.
Entonces con esto nos das a entender que la empresa no solamente se fija en si el negocio es rentable, como se suele creer, sino también en que exista un cuidado del ambiente y que esté atenta al nivel social…
Si, pero hay que tener en cuenta una cosa. Tampoco podemos caer en el exceso de que el abogado sea el que termina todo el tiempo poniéndote el palo en la rueda. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que no nos podemos convertir en una máquina de impedir. El abogado tiene que ser netamente un facilitador del negocio, tenemos que tener la capacidad de innovar, la capacidad de crear alternativas a nuestro equipo de dirección, para que dentro de la complejidad normativa y siendo conscientes a veces de la burocracia estatal, encontremos caminos para poder hacer el negocio. Si el negocio no se hace, si el negocio se hace tarde, no estamos cumpliendo en definitiva con los objetivos y con un plan estratégico. Entonces el abogado tiene un rol de mucha responsabilidad, porque es de alguna manera el que te protege, el que te blinda, el que te da el marco, el que te pone la conciencia sobre la mesa, pero lo tiene que hacer de manera tal que no impedirte el negocio y con sentido común.
¿Qué esperas que suceda con la normativa del RIGI?
Yo creo que esa es una normativa excelente, extraordinaria, que va a ayudar a destrabar una enorme cantidad de inversiones que todos estamos esperando que lleguen al país. Mi expectativa es que el RIGI se extienda. No nos olvidemos que este es un régimen acotado en el tiempo que termina el 8 de julio del 2026, pero que tiene la posibilidad de extenderse un año más. Entonces lo primero que me nace decirte es esperemos que el RIGI se extienda. Segundo, que las empresas que todavía no han aplicado puedan encontrar rápidamente la información y los datos y armarse para poder aplicar y que después el régimen se cumpla. Acá la clave de nuestro país no es solamente generar instrumentos que de alguna manera nos den la certeza y la seguridad jurídica de que las inversiones se van a respetar bajo estas reglas que tenemos especiales, que no aplican solo a la minería, aplican a un montón de industrias más, benefician exactamente a un montón de industrias productivas del país, sino que además esa norma se respete a lo largo de los años.
¿Qué debería ser la ley de proveedores de San Juan para generar un ecosistema de proveedores en la provincia?
Por ahí voy a ser un poquito disruptiva en esto, me va a costar un poco de enojo de algunos sectores, lo sé, pero yo soy una convencida de que no se deberían necesitar este tipo de normas para fomentar el desarrollo de los proveedores locales y el desarrollo de empleo local, eso es algo que lo he dicho siempre y lo voy a mantener. A mi juicio, la idoneidad, la capacidad económica y sobre todo la idoneidad en el desarrollo de una actividad debe ser como el elemento fundamental para calificar o no calificar. Y por supuesto cuando se vienen inversiones muy importantes como son las que se vienen con los grandes proyectos mineros, tener la capacidad de entender tus límites y generar nuevas formas colaborativas a los fines de poder desarrollar el negocio. Ahora, esa no es nuestra realidad, la realidad es que la Argentina hoy en gran parte de las provincias del país tiene normas tremendamente limitantes para los que no son de una determinada provincia para desarrollar esas actividades accesorias a la actividad minera. Por ejemplo, Santa Cruz acaba de sacar una norma bastante compleja desde el punto de vista de sus exigencias para ser considerado proveedor local o para acceder al empleo local. Yo creo que si vamos a tener una norma en San Juan que es lo que parecería que se viene, yo espero que encontremos un punto de equilibrio entre la posición mía que yo manifesté al principio y estas otras posiciones tan extremas como son las de la provincia de Santa Cruz.
Un punto de equilibrio, ¿en qué sentido?
Encontremos un punto de equilibrio en el sentido de incentivar, de ayudar al desarrollo del proveedor local, que la norma de desarrollo de proveedores sea efectivamente una norma que tenga y que trate de generar un mayor desarrollo social de los proveedores que les facilite ciertos incentivos. Que les genere mecanismos de alianza sólidos, pero que no pretenda porcentajes extremos, cosas absurdas que terminen generando que esa norma sea letra muerta. San Juan ya vivió ese proceso con el RUPEM, todos sabemos que hay una norma vigente que fomenta el compre local, esa norma no ha sido derogada y si sale una nueva norma se va a reemplazar la norma anterior, pero sin embargo es una norma que no se ha cumplido, que no está operativa, que los mismos proveedores no querían cumplir. Entonces no lleguemos a esos extremos que nos terminen generando letra muerta y que no cumplan y logran el objetivo final. Acá no hay empresa que no quiera y a la que no le convenga el desarrollo de la mano de obra local y de los servicios o el desarrollo de bienes locales.
Si sale lo propuesto por el Gobierno Nacional sobre la ley de glaciares, en un par de meses supongamos, ¿qué esperas que pase luego con los proyectos y empresas mineras? ¿Qué podría pasar en el mundo minero en general?
Yo imagino que, así como el RIGI vino a ayudar a destrabar que los grandes inversores internacionales decidan poner definitivamente sus ojos en el país y empezar a proyectar un futuro de actividad concreta en el país, que cuando salga esta nueva normativa de glaciares ya los grandes proyectos terminen de armar su paquete regulatorio de permisos y sobre todo de permisos ambientales y puedan finalmente una vez factibilizados comenzar a trabajar. Hoy la Ley de Glaciares de la manera en que está redactada y de la manera que han sido regulados algunos de sus artículos a través de un decreto reglamentario absolutamente incompleto y poco claro, no ayuda en nada. Son una traba para el desarrollo de las inversiones y esto no significa que las empresas no queramos una ley de glaciares o que la minería esté en contra de la protección de los glaciares, no, al contrario. La minería justamente por lo que hablábamos al principio, porque tiene una norma ambiental muy estricta desde los años 90, complementada con normativa provincial, tiene una obligación de proteger todos los componentes ambientales entre los cuales se encuentran las crioformas. Entonces no es ajeno a la minería tener que proteger los glaciares y no desarrollar actividades en un ambiente de glaciares. Lo que pasa es que la ley de presupuestos mínimos lo que hacía era generar, y nos sigue ocurriendo, generar una suerte de duda, de mundo gris, en el que vos no sabes, no estás totalmente seguro de si en ciertas partes del ambiente preglaciar podes desarrollar actividades o no. Entonces lo que necesitamos es que esta norma sea clarificadora de esos aspectos técnicos, que ponga los límites claros que debió poner desde el principio.
La ley, además, aplica a un montón de actividades que están ahí en el artículo 6.
Aplica a cualquier actividad que se desarrolle dentro del ambiente preglaciar de la Argentina, con lo cual yo mañana quiero hacer el camino de Agua Negra y tengo el mismo problema. Quiero desarrollar una actividad turística, quiero hacer infraestructura energética, quiero hacer un parque solar a 4.000 metros sobre el nivel del mar y tengo exactamente el mismo inconveniente. No sé cuáles son mis límites. Y la poca claridad, lamentablemente, no solamente contribuye a no saber dónde hacer un proyecto minero, sino que, al revés, puede llevarnos a pecar por exceso. O sea, puede decir, yo interpreto que en todo el ambiente se puede hacer cualquier cosa, hago de todo en cualquier lado. Entonces, la norma va a venir a poner claridad a un tema, no va a modificar la ley de presupuestos mínimos. Yo creo que no es eso lo que se pretende. Se pretende, además, cumplir con el acuerdo de Escazú y evitar cualquier violación al principio de no regresión. Inclusive si es como se está diciendo, se quiere una norma en donde se reconozca la autoridad de aplicación, la autoridad de la provincia, la competencia de la provincia en la aplicación de la ley, lo cual implicaría mayor exigencia y mayor precisión en esta claridad de la que estás hablando.
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