Ayer se realizó el primer encuentro de la comisión que tendrá como objetivo principal avanzar en un proyecto de ley que defina los límites interprovinciales entre Salta y Catamarca en la región de la Puna, en la que se desarrollan importantes explotaciones mineras.
Esta comisión surgió luego de la firma a fines del año pasado de un convenio entre el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, y su par catamarqueño, Raúl Jalil, en el que se establece la creación de la comisión para avanzar en la elaboración de proyectos de promoción que incentiven el desarrollo sustentable y adecuado de la actividad minera en el área limítrofe entre las provincias.
La Comisión Interprovincial está integrada por cinco miembros por provincia y en el caso de Salta la preside el senador nacional Juan Carlos Romero, al que acompañan el diputado nacional Lucas Godoy, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, la consultora jurídica del gobernador Pamela Caletti y el secretario de Minería y Energía, Ricardo Alonso, que se desempeña como secretario.
Aunque resolver la cuestión limítrofe es su tarea de fondo, considerando que eso puede extenderse en el tiempo hasta llegar a un acuerdo en el Congreso Nacional, la comisión tiene que solucionar en el corto plazo la manera de desarrollar el área de forma sustentable, estratégica y conjunta, ya que hay trabajando empresas mineras en el área y hay otras interesadas en hacerlo.
Para ello se les debe garantizar seguridad jurídica y económica, la cual ahora es difusa justamente por los reclamos de ambas provincias.
Un ejemplo se dio en octubre del año pasado cuando Salta comenzó a cobrarle regalía a Minera del Altiplano, que hace extracción de litio, y que aprovechaba la falta de definición limítrofe para no tributar en la provincia.
La empresa basaba sus argumentos en que el territorio estaba en disputa y que al tener la planta procesadora en Catamarca le correspondía pagar en esa provincia, pero Salta se apoyó en una declaración que la propia empresa hizo cuando descubrió dos yacimientos y los localizó como si fuese parte del salteño departamento salteño Los Andes.
“Seguimos trabajando para desarrollar el sector minero en el NOA y de esta manera generar puestos de trabajo y desarrollo en la zona”, expresó Sáenz, que encabezó la reunión de la comisión. También estuvo invitado a este primer encuentro el presidente de la Cámara de Minería de Salta, Iván Gómez.
Durante el encuentro Romero planteó la ventaja de acceso a la zona que se tiene desde Salta, con mejores rutas, ferrocarril y salida directa al Océano Pacífico por Chile, lo que convierte a la provincia en una mejor opción para captar los futuros emprendimientos.
Por otro lado, Godoy propuso como una de las tareas de la comisión la de trabajar con el Ministerio de Educación y las universidades nacionales para crear carreras técnicas, terciarias y universitarias relacionadas con el desarrollo de la zona, tal como ingeniería de Minas especializada en la extracción de litio.
El origen del conflicto
El conflicto limítrofe se remonta a 1943, cuando se disolvió la Gobernación de Los Andes en el noroeste argentino, este territorio se dividió en tres partes y se dio el norte para Jujuy, el centro para Salta y el sur para Catamarca, sin embargo, en el momento de la constitución del territorio nacional en 1900 Salta había hecho sus reservas por la superficie que era de la provincia y que se afectó a Los Andes, pero que 43 años después con los nuevos trazados quedaron en posesión de la vecina provincia catamarqueña.
Uno de los puntos que incluye la disputa es el Salar del Hombre Muerto. Catamarca considera sus 586 kilómetros cuadrados como parte de su territorio, mientras que Salta sostiene el reclamo de por lo menos 134 kilómetros cuadrados de ese espacio, rico en litio y con varios emprendimientos mineros en marcha.
Aunque la Constitución Nacional establece en el inciso 15 de su artículo 75 como atribución del Congreso de la Nación la de arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación y fijar los de las provincias, el conflicto llegó en tres oportunidades a la Corte Suprema.
Los dos primeros casos fueron en los años 1985 y 1987, como consecuencia de sendos conflictos de competencia, suscitados entre jueces de Salta y Catamarca sobre la zona de la Puna de Atacama, tanto en el lugar denominado Diablillos como en el Salar del Hombre Muerto.
El máximo tribunal consideró que este sector mantenía el carácter de límite controvertido, sin definición ni fijación, y resolvió reconocer competencia de los jueces de Salta. Catamarca recurrió a la Justicia porque entiende que los límites ya fueron fijados en 1943, por lo que debería existir intervención del Congreso.
Tras estos dos fallos adversos, en 2007 la vecina provincia volvió a insistir en la Corte, en esta oportunidad luego de que intentase con la policía minera realizar una inspección a una empresa cuya concesión de explotación había sido otorgada por Salta.
La demanda concreta que hace Catamarca contra Salta se sustenta en que existen avances y hostilidades en territorio catamarqueño de parte de salteños, pide que se adecue el Registro minero de Salta a los “límites oficiales”, se termine el aprovechamiento de los recursos naturales de Catamarca y solicita que se amojone el sector limítrofe.
El fallo de solución fue dictado en 2015, por el que se declara la incompetencia de la Corte, y derivando la cuestión al Congreso de la Nación.
Fuente: El Esquíu
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