Durante todo el fin de semana, incluso durante parte del lunes, emisarios de la oficialismo y del PJ, junto con representantes de las cámaras de empresarios, repasaron el texto que remplazaría algunos artículos de la 7.722.
Las divisiones y diferencias internas del peronismo habrían impedido que el Senado de la provincia avanzara en la sesión de ayer en una marcada revisión de la ley 7.722, la considerada Ley Antiminera, con el fin de modificarla y adaptarla a “estándares internacionales”. El faltazo de algunos de los legisladores opositores a la cita que tenía como objeto la firma del despacho, que durante varios meses se discutió casi en secreto y de forma reservada entre las principales fuerzas políticas, abortó lo que se pensó e imaginó como un golpe mortal a la norma aprobada en el 2008 y que no ha permitido el desarrollo de la minería metalífera en la provincia.
En el peronismo miran para otro lado cuando a sus integrantes se les consulta sobre lo que discutían y negociaban con el oficialismo. Y en el oficialismo acusan a la principal fuerza opositora de no contar con una conducción que la pueda ordenar. Lo cierto es que, durante todo el fin de semana, incluso durante parte del lunes, emisarios de las dos fuerzas políticas, junto con representantes de las cámaras de empresarios, repasaron el texto que remplazaría algunos artículos de la 7.722. Pero la ausencia de ciertos referentes peronistas que no fueron ubicados durante esos días, ni por llamadas telefónicas ni por WhatsApp, planteó las primeras dudas sobre el éxito de una operación que saldría a la luz y se manifestaría en la sesión de ayer, con lo que en el Gobierno resolvieron no avanzar ni forzar una votación para la que el oficialismo contaba con los votos para aprobarla, aunque sin la legitimidad y el amplio apoyo que se buscaba.
Los intentos por modificar la Ley Antiminera surgieron algunas semanas antes de que se activara el proceso eleccionario que terminó con la victoria del candidato del oficialismo, Rodolfo Suarez. Impulsados por las cámaras empresariales, los referentes del oficialismo y del peronismo habían logrado un pacto para avanzar en los cambios luego de las elecciones. El compromiso era que quien llegara a la conducción de la provincia contaría con el apoyo del perdedor para flexibilizar la ley y permitir el desarrollo de una nueva minería a partir del 2020. En el peronismo, todos los sectores dijeron estar de acuerdo: a la cita acudieron representantes de los intendentes y del kirchnerismo. Lo propio ocurrió con los radicales, que comprometieron el impulso a los cambios con Alfredo Cornejo a la cabeza. Sin embargo, con el paso del tiempo, los acuerdos parecieron diluirse sin mayores explicaciones. Durante el fin de semana, los teléfonos de algunos legisladores nunca fueron atendidos. Mientras, desde China, Suarez fue siguiendo atentamente el desarrollo de las negociaciones y Cornejo, ya en Mendoza, finalmente ordenó no avanzar con la aprobación de la reforma si la misma no contaba con el apoyo de algunos referentes clave del peronismo, como Adolfo Bermejo, por caso.
En el oficialismo no dan por definitivamente descartada la posibilidad de modificar la ley durante el actual período de gobierno de Cornejo. Para que suceda eso, el Senado debería aprobar los cambios el martes próximo, y el miércoles sería el turno de Diputados. Imaginan, para ir por esa nueva posibilidad, llamar a una conferencia de prensa conjunta para el lunes que viene, radicales y peronistas, explicando las características de los cambios y modificaciones a la ley. Pero nadie asegura que eso pueda suceder.
Los intentos por modificar la ley 7.722 arrancaron decididamente cuando los peronistas Alejandro Abraham y Juan Agulles impulsaron, cada uno por su cuenta, dos proyectos con los cambios propuestos. Uno de ellos preveía la creación de zonas específicas, como una suerte de parques mineros en los que se podría desarrollar la actividad sin mayores prohibiciones más que algunos reparos ambientales. La otra iniciativa apuntaba a modificar algunas condiciones de la actual ley que impiden la inversión minera.
Como resumen, desde el oficialismo impulsaron el debate sobre un proyecto unificador y más amplio que los dos que estaban en agenda. Lo que surgió, afirman, moderniza la actual norma, le adiciona los nuevos estándares internacionales que reglan la actividad en los países considerados mineros, crea la policía minera, ordena la conformación de una comisión bicameral de seguimiento de cada uno de los nuevos emprendimientos y modifica el sistema de regalías al que se deben someter las mineras. Por caso, aparece en escena la proyección de un fondo especial conformado con parte de la renta de las empresas mineras para financiar obras que le den mayor eficiencia al uso del agua destinada al riego agrícola.
En las últimas semanas, Cornejo y Suarez habían acordado que si se avanzaba en un intento por modificar la ley, el mismo se llevaría adelante antes del traspaso de mando y del recambio legislativo. La última carta siguiendo este plan se podría jugar el martes y miércoles próximos. Se verá.
De no prosperar, le quedará la tarea al nuevo gobernador, que se ha manifestado dispuesto a desarrollar y fomentar la minería, garantizando fuertes controles ambientales. Pero a Diputados llegará, por caso, uno de los aliados del oficialismo que es, a su vez, un emblema de la cruzada antiminera: Jorge Difonso, el intendente de San Carlos, la comuna autodenominada Capital del Agua Pura.
Fuente: El Sol
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