Después de la aprobación del primer proyecto metalífero en el marco de la Ley 7.722, en el sector minero se mostraron optimistas, pero también cautelosos respecto a los próximos pasos a seguir en la discusión sobre el desarrollo de la actividad.
Lo que ocurrió el martes en el Senado, donde por primera vez en más de 12 años de vigencia de la Ley 7.722 se aprobó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un proyecto minero metalífero, es el primer paso de una nueva discusión respecto al desarrollo de la actividad.
Un proyecto pequeño abre la puerta para el debate sobre el tema de fondo y que está enfocado en lo que manifestó el gobernador elector durante la campaña, la modificación de la Ley 7.722.
Ese sería el paso lógico para el Ejecutivo de Mendoza, porque consideran que -más allá de lo que ocurrió el martes- la minería sólo podrá desarrollarse y realmente atraer inversiones. En el sector minero coinciden, pero también creen que en caso de avanzarse con una modificación debe ser adecuada, porque una mala modificación dejaría al sector por 12 años más sin la posibilidad de poder desarrollarse.
Hasta ahora, la idea del Ejecutivo sería tratar la modificación lo antes posible, ojalá antes del recambio legislativo. Para eso se modificaría uno de los dos proyectos presentados por el PJ que proponen modificar la normativa y que pueden ser tratados porque ya tienen estado parlamentario.
A la espera en el sector minero valoran lo ocurrido el martes, pero son cautelosos respecto a los próximos pasos. Memo habló con el presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza (Camem), el abogado experto en Derecho Minero Raúl Rodríguez, quien entregó algunas apreciaciones respecto al momento que se vive.
-¿Qué importancia tiene para el sector lo que ocurrió el martes en la Legislatura?
-Para nosotros es muy importante porque significa que la dirigencia política ha entendido que cuando un proyecto responde técnicamente a los requisitos y obligaciones que determina la ley vigente, no tiene espacio poder ser rechazado.
-¿Creen que ahora se podría dar una discusión más enfocada en lo técnico y más alejada de la política?
-Eso sería el ideal porque en el fondo esto se trata de cuestiones técnicas. Cuando nosotros hablamos si la minería puede producir algún tipo de impacto, cuando hablamos de los controles, cuando hablamos del cumplimiento de las leyes, estamos hablando de temas técnicos. Creemos que el camino es incorporar el tema técnico a la discusión. Eso lo que va a lograr es que los debate sean más institucionalizados y más cerca de lo razonable.
-¿Cuál sería para ustedes el paso lógico tras lo ocurrido con Hierro Indio?
-El paso lógico es resolver qué va a pasar con la Ley 7722, porque más allá de que un proyecto minero menor, como puede ser Hierro Indio, pueda seguir adelante, los proyectos importantes ven en esta norma una traba para poder avanzar. Creo que el paso lógico a seguir sería que la Provincia de Mendoza piense cómo se puede diseñar un plan estratégico minero que siente las bases para el futuro de la actividad, estableciendo dónde se puede hacer minería, cómo se puede hacer minería y bajo qué tipo de controles. El paso que sigue debería ser definir qué queremos hacer con la actividad minera y para ellos necesariamente hay que volver a pensar sobre la Ley 7.722, porque en su vigencia no sólo no se aprobó ningún proyecto minero, sino que en estos doce años no llegó ninguna inversión a Mendoza. El sector ve en esta norma una barrera.
-Para ustedes la 7.722 tiene un trasfondo político y no técnico.
-Claramente tiene un trasfondo político. De hecho hay que recordar que su sanción se dio en el medio de una situación social y preelectoral en donde hubo varios cortes de ruta. La mejor forma de responder esta pregunta es que la Ley 7.722 ni siquiera tiene considerandos, solamente el articulado y fue aprobada en un tiempo bastante corto respondiendo a una situación social que se aplacó con este instrumento.
-¿Qué les preocupa respecto a una modificación de la Ley 7.722?
-Lo que más nos preocuparía es que la revisión de la ley respondiese a coyunturas políticas, por eso yo hablaba de la necesidad de diagramar un plan estratégico minero en donde la sociedad entera se ponga de acuerdo en la necesidad de desarrollar la actividad y diversificar la matriz productiva de la provincia. Una vez que eso se tenga en claro, las modificaciones deben ser ajustadas a que sirvan al desarrollo de la actividad. Siempre respetando los paradigmas de la sustentabilidad, donde no solamente se tenga en miras el desarrollo económico, sino también el cuidado del ambiente y respetando las realidad sociales, las posturas de toda la sociedad sobre el tema.
Por lo tanto nos preocupa de que sea una norma que responda a coyunturas políticas y que estemos en una misma situación en la que hoy estamos. Después de 12 años no hemos podido traer ninguna inversión a la provincia y una mala modificación de la Ley 7.722 nos volvería a dejar en el mismo lugar. Por eso, si es que existe una posibilidad de una modificación de la ley, creo que hay que tener muy en cuenta que debe ser útil al desarrollo económico con el cuidado del ambiente y la necesaria participación ciudadana.
Fuente: Memo
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