En tanto, se analizaron declaraciones juradas de una empresa por sus deducciones impositivas.
Si bien hubo un parate para luego continuar con una explotación de minerales subterránea, la falta de operaciones de La Alumbrera se vio reflejada en los fondos que perciben todos los municipios a través de regalías. El reparto de dichos fondos para el último trimestre del 2017 arrojó la magra distribución de $7.436.629. A estos recursos se les sumaron otros $2.579.724 surgidos de tres auditorías sobre las regalías. Así, se repartió a todos los municipios un total de $10.016.353.
El 12 de marzo último salió la resolución de la secretaría de Minería local. A través de este instrumento se dispuso la distribución de regalías mineras correspondiente al cuarto trimestre del 2017 y de los emprendimientos “Bajo la Alumbrera” y “Minera del Altiplano S.A.”.
Solo por la primera de las firmas, es decir La Alumbrera, se distribuyeron $6.140.179 repartidos de dos formas: $3.334.614 para las comunas que se encuentran lejos del yacimiento y $2.805.565 para Andalgalá al igual que Belén (con igual monto).
La explotación de litio, por su parte, distribuyó un total de $1.154.372 para la gran mayoría de los municipios (unos $76.958 para cada uno). Ahora bien, tres departamentos recibieron un poco más de fondos por las operaciones de la minera El Altiplano. Son el caso de Antofagasta de la Sierra ($ 1.775.957) por una parte y Pomán, Santa María, Tinogasta, Belén y Andalgalá por la otra ($142.076 cada uno).
Impuestos
A través de otra resolución del área fiscalizadora de la cuestión minera se repartieron fondos “extras”. Sucede que tres auditorías (del 2012 al 2014) rechazaron una serie de deducciones impositivas de las empresas mineras.
Para el 2012 y, de acuerdo a las declaraciones juradas trimestrales presentadas para el pago de regalías se habían deducido los rubros “activismo por minero”, “aporte plan de comunicación e imagen”, ”pago de tributo aduanero – multa”, “Dues International Cooper Association”, “costos de responsabilidad social empresaria”, “costos de seguridad y medio ambiente”, “cierre de mina” y “management fee”.
La secretaría de Minería apuntó que, dentro de la legislación vigente, todos los ítems antes señalados “no son considerados por nuestro organismo como gastos deducibles”.
En el 2013 aparecieron otros rubros diferentes y de los más variados como “encuesta sobre percepción de la actividad minera”, “encuestas de imagen”, “servicio de consultoría”, “asesoramiento en comunicación y prensa”, “activismo Pro Minero”, “estudio y desarrollo de informes de sostenibilidad” y “aporte al plan de comunicación”. Hasta aparecieron ítems insólitos como “fiesta de fin de año”, “pan dulce”, “Dues 1st, 2nd, 3rd Call”, “cuota anual socio jurídico a Cámaras de Comercio y Membresías a Asociados Civiles”, “mantenimiento de casas de gerentes”, “honorarios docentes por el dictado de la tecnicatura en Minas” y “suscripción a ciclo de Economía Política”.
El 2014 repitió algunos, como la fiesta de fin de año y pan dulce, un par de encuestas y figuraron rubros como “producción e impresión del informe de sostenibilidad, diseño de calendario y tarjeta de salutación, estudio y desarrollo de calendario institucional” y “producción de calendarios de escritorio”.
Así las cosas, se dispuso que solamente una de las mineras pague $1.400.999 para casi todos los municipios (unos magros $84.194 para cada uno) y $2.357.451 para Andalgalá y Belén (repartidos en partes iguales).
Fuente: El Esquíu
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