Las empresas mineras reiteraron que lo necesario es exactamente todo lo contrario. Pidieron la eliminación de los derechos de exportación. Apuntaron que el sector tiene el potencial de generar en los próximos 10 años inversiones por USD 20 mil millones.
Entre las primeras medidas anunciadas por Luis Caputo, el ministro de Economía del Gobierno de Javier Milei, que acompañaron una devaluación del tipo de cambio oficial que situó al dólar en $ 800, más el aumento del impuesto PAIS, se incluyeron la eliminación rápida del sistema SIRA de autorización de importaciones y una suba generalizada de retenciones, que pasarán a tener una alícuota de 15% para todos los productos salvo la soja, que pagará 30%.
La primera impresión de referentes de empresas mineras, que cada vez que se toca el tema aprovechan para remarcar que es necesario que los derechos de exportación sean eliminados como herramienta tributaria, fue de desconcierto total. A eso se le suma una mayor incertidumbre, que es el más temido de los fantasmas al momento de planificar y buscar concretar las grandes inversiones de altísimo riesgo y de larguísimo plazo, como son las que pregona el sector.
Cabe recordar que, en conjunto, la industria minera tiene el potencial de generar en los próximos 10 años inversiones por USD 20 mil millones, si se dan las condiciones internacionales y locales, y entre ellas, en su momento, estaba no sólo el tipo de cambio retrasado, sino el planteo de la quita de retenciones, que se viene sosteniendo desde que Mauricio Macri la volvió a colocar a mitad de su mandato, luego de haberla quitado en el inicio.
Impacto
Tres escenarios diferentes, pero todos desalentadores, o tal vez cuatro, son los que se plantea la minería nacional. Por un lado, los sectores del oro y de la plata, con yacimientos operativos (varios de ellos en la provincia de Santa Cruz) que tienen retenciones de un 8% y están en su mayoría en franco declino, advierten que el país se va a quedar sin producción metalífera antes de lo previsto, es decir, antes de llegar al año 2034.
Por otra parte, el sector del litio -con retenciones del 4,5%- pone en suspenso sus expectativas de pasar a tener una posición central en el ranking mundial de productores globales y todos los proyectos en marcha tendrán que reordenar las estimaciones hechas frente a un escenario internacional de baja de precios. En paralelo, las retenciones del 15% inviabilizaría los megaproyectos de cobre en San Juan, Salta y Catamarca.
En tanto, un capítulo aparte merece el segmento de minerales no metalíferos, que con el también anunciado freno de la obra pública esperan una gran e inevitable retracción en las ventas internas.
Con litio y sin oro
El potencial del sector minero a nivel nacional hoy está depositado en los proyectos de litio y de cobre. Estos posicionan a Argentina, más allá de lo estrictamente productivo, en un lugar geopolítico protagónico en la escena global de la transición energética.
Sin embargo, en términos concretos, son las trece minas de oro y de plata que están operativas las que tienen más peso hoy en las arcas fiscales. De ese puñado, siete están emplazadas en el territorio de Santa Cruz. La provincia, a nivel nacional, es la que tiene un rol central en la parte metalífera de la industria.
Más allá de esa realidad, el escenario futuro marca que en la actualidad son sólo dos minas: Cerro Negro, en el Macizo del Deseado, en territorio santacruceño, y Lindero, en la provincia de Salta, las que aspiran a una vida útil operativa hasta 2034. El resto prevé cierres antes de que termine la década.
Esto se relaciona al hecho de que no existe exploración avanzada que indique próximos proyectos a desarrollar en todo el país.
De hecho, se cree que el futuro del metal dorado para el país podría estar atado a grandes proyectos de tipo pórfido, cuyo principal commodity es el cobre y tiene como mineral secundario al oro, como El Pachón, Los Azules, en San Juan, y Taca-Taca, en Salta.
Es la economía…
En el sector aseguran que no tiene que ver con falta de opciones, sucede que la macroeconomía, con restricción de importaciones, distorsiones cambiarias, inflación altísima y desórdenes impositivos, presenta un panorama adverso. Y más allá de que Santa Cruz sea una provincia reconocida por su labor a favor de la minería y haya logrado instalar un esquema de trabajo que hace atractivos los recursos geológicos que posee para los principales operadores mineros globales, al momento de hacer negocios la variable económica la maneja el Gobierno nacional. Ese mismo escenario se repite en todas las minas de oro y plata que operan en el país.
Las empresas del sector minero han advertido sobre esta situación crítica desde la pos pandemia, sobre todo y con más énfasis durante todo este año. Estas últimas semanas, con el cambio de signo político en el seno del Gobierno nacional, se propuso una lista de requerimientos que creen condicionantes para revertir el declino productivo del oro y de la plata, sostener el despegue del litio y destrabar nuevos proyectos de cobre que están a la espera de una señal promisoria de los mercados.
Ese listado pasa por: el respeto por la estabilidad fiscal, el tipo de cambio competitivo y en forma permanente, el libre acceso a las importaciones con fines productivos y la devolución del IVA en un tiempo razonable.
Fuente: La Opinión Austral
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