El fracaso del régimen de inversión de la renta minera en Catamarca, establecido a principios del siglo, arraigó en la escena política la antinomia minería/antiminería, a la que los litigantes no consiguen encontrarle una síntesis.
La secuencia de los precedentes indica que el dilema es falso.
Catamarca inauguró la megaminería a cielo abierto en el país con el inicio de la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera en 1997.
La discusión giraba en ese entonces en torno a las condiciones económicas que la Provincia había acordado con los inversores para el emprendimiento y el uso que se le daría a la renta que el Estado embolsara por la actividad.
La inquietud por los perjuicios ambientales cobró fuerza bastante más tarde, ya entrados los dos mil, menos alentada por el impacto de los trabajos en la mina en el ecosistema que por la ausencia de repercusiones de su desarrollo en la calidad de vida de la gente extraña a conciliábulos políticos y empresariales. La decepción en este aspecto se acentuó con el acceso a unas prosperidades tan vertiginosas como ostensibles de un puñado de personajes bien ubicados en los entresijos del poder, curioso fenómeno correlativo a la expansión de la pobreza que algunos mal pensados relacionaron con la corrupción. Nunca faltan los incrédulos en estas tierras de la Morena del Valle.
A 23 años del inicio de la producción en el megayacimiento de oro y cobre, ya en proceso de cierre y sacando la raspa ‘e la olla, de las ardorosas discusiones que jalonaron su historia queda como saldo: las catástrofes ecológicas auguradas no se produjeron; la multimillonaria renta que Minera Alumbrera desembolsó en las arcas estatales, vía regalías y utilidades, no se tradujo en progreso para las comunidades de la zona de influencia de la explotación, más bien lo contrario.
El fracaso del régimen de inversión de la renta minera configuró de tal modo un inmenso fracaso de orden cultural y político.
La licencia social que legitimaba la minería en el albor de bajo La Alumbrera fue significativamente erosionada por el despilfarro y la malversación de regalías y utilidades en altares de clientelismo, corrupción y estupidez.
Despilfarro
La sustentabilidad de una mina difiere de la de un nogal, pero con lo que la mina da coyunturalmente es posible plantar nogalares para vivir siglos.
Entre 2004 y 2011, el presupuesto catamarqueño experimentó una multiplicación desmesurada, jamás vista. En 2011, el erario local embuchó unos mil millones de dólares más de los que había ingresado en 2003: un incremento del 367%, casi 46% promedio anual.
Si bien debe considerarse que en 2003 el país recién comenzaba a salir de la hipercrisis provocada por el estallido del sistema de Convertibilidad, la renta minera, integrada por las regalías y las utilidades de YMAD, socia en la explotación de Bajo La Alumbrera, representó en el período 2004-2011 el 44,2% del total del aumento de los ingresos provinciales.
Paralelamente, los planteles de la administración pública, contando Provincia y municipios, crecieron un 69%.
La correlación no habilita excesivas alternativas para la interpretación: los fondos de la minería se volcaron a afianzar la cultura presupuestívora asentada en el puesto planta permanente como proyecto existencial, en lugar de al financiamiento de un esquema productivo diferente.
El fracaso del régimen de inversión de la renta minera configuró un inmenso fracaso de orden cultural y político.
El sueño minero no se concretó porque los gobernantes, avalados por aludes de votos de una sociedad mayoritariamente miope, todo hay que decirlo, no asumieron el compromiso de invertir las millonadas de la minería para transformar la matriz productiva provincial, pecado capital si se considera que la conveniencia de tal eslabonamiento era obvia desde el arranque: los recursos mineros no son renovables, su agotamiento es definitivo.
Alumbrera no dejó la tierra arrasada que pronosticaba el ambientalismo.
Proféticos en cambio fueron Jaime Dávalos y Eduardo Falú en la “Zamba de los Mineros”: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino.
Calibrar la discusión
Para comenzar a restaurar la licencia social para la minería, la discusión debe superar la inconducente antinomia, pues la licencia social no se perdió por perjuicios ambientales sino por malversación y falta de criterio económico.
El despliegue de la actividad minera es indispensable para Catamarca, salvo que se opte por anclarla en una economía pigmea, pero este despliegue no puede ser incondicional. Si de algo ha de servir la experiencia, las frustraciones experimentadas son útiles para calibrar el debate.
Lo que falló fue el diseño administrativo de las regalías y utilidades, que se emplearon mayormente en la cobertura de gastos corrientes u obras superfluas, en lugar de capitalizar a la Provincia para lubricar su desarrollo autónomo.
Esto ocurrió porque la ley de regalías sancionada en 2004 tuvo un defecto en el tuétano, al dejar librado al criterio de los intendentes la porción de la renta minera que tocaba a los departamentos. Los fondos se depositaban automáticamente en la cuenta de las comunas y sus jefes hicieron con ellos los que se le vino en gana, sujetos a unas revisiones del Tribunal de Cuentas posteriores que se perfeccionaban añares más tarde, cuando ya eran inoficiosas. La tajada provincial, mucho mayor al incluir también utilidades que triplicaban las regalías, iba al torrente de rentas generales sin que se hubieran fijado conceptos para su inversión.
La licencia social que legitimaba la minería fue erosionada por el despilfarro y la malversación de la renta minera.
Perfecto diseño clientelar. La Provincia atomizó los fondos que les correspondían a los departamentos mineros en un reparto por municipio, y de tal modo suministró a los intendentes fondos extraordinarios para perpetuarse al mando de sus feudos. A cambio, se asignó la libre disponibilidad de la renta que le tocaba y los gobernantes la canalizaron con el mismo propósito.
Tal es el modelo en cuestión en este momento, independientemente de la opinión que se tenga sobre la decisión gubernamental de derogar el viejo sistema por decreto. El nervio del debate no pasa por la autonomía municipal, principio teórico que se alega siempre para gastar y nunca para procurar el financiamiento del gasto, sino por el modo en que se definirá el destino de la renta minera. En tal sentido, se despoja a los intendentes de tal potestad política para entregarla a la Legislatura: los fondos de las regalías se depositarán en una cuenta especial y su destino se fijará anualmente en el Presupuesto.
El cambio del régimen de regalías resume el sentido general de la llamada reforma del Estado que postula el gobernador Raúl Jalil, que es, dice el oficialismo, reordenar el manejo de los recursos públicos.
Al erigirse en garante de la arremetida, la diputada nacional Lucía Corpacci, ex gobernadora, se extendió particularmente en el análisis de la administración de la renta minera.
“Cuando asumí el Gobierno, siempre dije que se habían malversado las regalías mineras, en una época en la que se recibían muchísimos recursos por ese concepto. Hace diez años ingresaban $300 millones de regalías, así que imagínense cuánto serían actualizados, y sin embargo no se hicieron obras que significaran un adelanto para la población, un desarrollo”, dijo a Radio Ancasti.
“Uno no puede pedirle licencia social a la población, pedirle que acepte la industria minera, cuando esas comunidades siguen postergadas”, concluyó.
Fuente: El Ancasti
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