El TC condenó al ex intendente José Perea a devolver más de $600 mil
Este dinero fue utilizado para un programa de internet y telefonía para la ciudad de Andalgalá. Sin embargo, el organismo de contralor corroboró que no se cumplió con el proyecto.
Por unanimidad y luego de un proceso que duró casi ocho años, el Tribunal de Cuentas condenó al ex intendente de Andalgalá, José Perea, y a parte de su Gabinete a devolver más de $600 mil pesos a la hacienda pública por el mal uso de las regalías mineas.
La resolución del órgano de contralor se tomó luego de un sumario administrativo de responsabilidad, que fue la instancia final de una larga investigación del tribunal que comenzó en el 2011.
Durante ese año, el TC realizó una auditoría que determinó irregularidades en el uso de partidas provenientes de regalías mineras que fueron empleadas para el financiamiento de la puesta en marcha de un sistema de internet y telefonía de voz “IP inalámbrico” implementado en la ciudad de Andalgalá mediante el proyecto denominado “Infraestructura en Comunicación, Internet y Telefonía por voz IP”.
En esa primera auditoría, se determinó la responsabilidad de Perea, de su secretario de Hacienda Roberto Nemer y de la tesorera de la Municipalidad Juana Chasampi por la falta de documentación para justificar el gasto. Posteriormente el sumario dio cuenta que efectivamente hubo un daño a la hacienda del municipio. “Debido a las irregularidades advertidas y los elementos probatorios, se acreditó la existen de un daño producido a la hacienda pública considerando que este se materializó en los faltantes determinados y la conducta de los funcionarios sindicatos responsables al incurrir en las transgresiones verificadas”, advierte la parte resolutiva del sumario.
Prueba contundente
Para llegar a esta conclusión, el TC se nombró a un especialista en informática que luego de varios estudios determinó que hubo serias irregularidades en la puesta en marcha del proyecto que consistía en dotar de internet WIFI gratis a varios puntos de la ciudad, entregar equipos de telefonía a particulares y equipar a escuelas con internet. En su investigación, el profesional logró determinar:
-Servicio de WIF de acceso libre para turistas: “Este servicio es previsto solamente en la plaza principal de la ciudad de Andalgalá y en algunos sectores, Restando el resto de las localidad estipuladas en el proyecto, por lo que resulta ser un servicio insuficiente y desproporcionado con relación al costo del proyecto”.
-Aula digital Classmate: “No funciona en primer lugar porque la mayoría de los establecimientos no poseen servicio de interne por la rotura y hurto de antenas que no fueron repuestas”.
Servicio de telefonía voz IP: “Este servicio no funciona en razón de que la central telefónica de telefonía voz IP fue quemada durante los sucesos acaecidos y que fueron de público conociendo que fue el incendio del municipio (Protesta antiminera)”.
En el marco del sumario, se les permitió a los involucrados poder hacer su descargo para defenderse de las acusaciones. En este sentido, afirmaron que alrededor de 300 equipos “fueron daos de baja del patrimonio de la Municipalidad por destrucción, incineración y sustracción ya que se encontraban en la municipalidad el día que se incendió el edificio”.
Sin embargo, el TC logró determinar que esos equipos “fueron adquiridos en forma particular a otra empresa”.
Así también y luego de realizar verificaciones oculares sobre la instalación de estos equipos en los domicilios particulares donde supuestamente la municipalidad los colocó, surge que “no existe documentación obrante sobre la instalación y entrega de equipamiento a los usuarios WIFI. Que no existe documentación que indique la baja de equipos por desgaste, desperfecto, hurto, robo y que al momento de realizar la verificación en los domicilios los usuarios expresaron que los equipos fueron adquiridos en forma particular”.
Por otra parte, la investigación del TC determinó que en los establecimientos escolares fueron instalados equipos pero no se pudo determinar si los proveyó el municipio.
Según cálculos del TC, la compra y supuesta instalación de estos equipos tuvo un costo 607.390 pesos (valor determinado a septiembre de 2011) que es el dinero que deberá devolver Perea y sus funcionarios.
Desde el organismo indicaron que los acusados tienen otras instancias para defenderse. Sin embargo, es tan contundente la prueba que les será difícil salir airosos.
Fuente: El Ancasti
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