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“Las decisiones judiciales que se están adoptando son ilegales”

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El abogado Leonardo Rodríguez, y miembro fundador del Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM), asegura que no se puede prohibir una actividad promovida por una norma federal como es el Código de Minería. El letrado, socio del Estudio Marval O’Farrell Mairal, sostiene que no se está cumpliendo la ley “porque las decisiones, que se dictaron con relación a estas normas prohibitivas, las han venido convalidando”.

Leonardo Rodríguez ejerce el Derecho desde hace más de veinte años y en los últimos quince estuvo enfocado en asesorar empresas mineras.

“San Juan ha logrado un modelo que todos esperamos que pueda ser copiado por las demás provincias. Se ha demostrado que la minería puede traer desarrollo y progreso. Fundamentalmente, el trabajo que hay que hacer es concientizar a los habitantes acerca de la importancia de esa industria para que todos los temores que hay dando vueltas, queden disipados. Me parece que la mejor forma de disiparlos es haciendo una minería responsable sostenida en el tiempo. Y, de esa forma, todos los cuestionamientos que existen van a quedar en el olvido. Es un trabajo a largo plazo”, precisó Rodríguez en el programa radial “Creación Renovable”, que se emite todos los sábados por la CNN Radio San Juan.

¿Las normas que prohíben la minería tienen sustento jurídico?, fue una de las preguntas al especialista en Derecho Minero. “Ese es el quid de la cuestión. Esto comenzó en el año 2003 en la Provincia de Chubut a raíz de un conflicto que hubo con una empresa minera que no hizo bien las cosas, en relación con la explotación de la Mina El Desquite en la ciudad de Esquel. Hubo una gran oposición y esto dio lugar a la sanción de la famosa Ley 5001 que prohibía la minería a cielo abierto y el uso de sustancias químicas para el proceso de separación de mineral de la roca. Los malos ejemplos legislativos tienen un efecto dominó porque esa norma prohibitiva hizo después que muchas provincias dictaran otras similares y así vino la provincia de Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis, Córdoba y Tierra del Fuego. Las provincias de Río Negro y La Rioja dictaron normas similares tendientes a restringir, o directamente a prohibir el desarrollo de la actividad minera, pero tiempo después fueron revocadas. De todas formas, todavía no hay un desarrollo minero ni en Río Negro ni en La Rioja porque una vez que uno dicta una norma de este tipo los temores en la población quedan”.

Según Rodríguez, “todas estas normas señalan fundamentos similares. Se invoca que son dictadas para proteger el medioambiente y el fundamento que dan está dado por el artículo 41 de la Constitución que dice, en su primer párrafo, que todos los habitantes de la Nación tienen el derecho a un ambiente sano y equilibrado. En su mismo artículo, en el párrafo tercero, señala que la Nación puede dictar normas sobre presupuestos mínimos de protección del medioambiente y las provincias pueden dictar regulaciones por encima de esos presupuestos mínimos. Entonces, el fundamento central, más allá de que hay otros, viene dado por ese lado. Las provincias dicen ‘yo puedo dictar presupuestos de máxima. Entonces, de esa forma, puedo prohibir la minería’. Por supuesto que después dicen ‘nosotros no prohibimos la minería, lo que hacemos es prohibir el uso de ciertas sustancias químicas en el proceso de separación de la roca del mineral. Pero, hoy por hoy, no existe ningún proceso sin el uso de sustancias químicas que permita la separación de la roca del mineral”.

“De acuerdo con un estudio que hice, se citan alrededor de 500 operaciones mineras en el mundo que utilizan cianuro en el procedimiento de separación del mineral de la roca. Si en todos estos años se reportaron no más de diez incidentes, estamos llegando al absurdo de que contabilizamos el avión que no llega a destino y no todos los aviones que llegan a destino”.

LO ESTRICTAMENTE LEGAL

Leonardo Rodríguez señaló que “las provincias no pueden dictar este tipo de normas porque ellas delegaron al Estado Federal el dictado del Código de Minería. Entonces, lo que invocan al dictar esas normas es que por el artículo 41 pueden regular las cuestiones relativas al medioambiente. Sí, las pueden regular, pero no pueden prohibir la actividad porque el Código la promueve de tal forma que es considerada de interés público. Hacen un análisis muy sesgado y no tienen en cuenta la legislación argentina. Todo esto tiene connotación política. Los jueces, en muchos casos, toman primero la decisión de cómo van a fallar y después buscan los argumentos jurídicos. Lamentablemente los argumentos jurídicos no terminan acompañando. Se trata de hacer cumplir la ley y eso no sucede porque las decisiones que se han dictado con relación a estas normas prohibitivas, las han venido convalidando”.

El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, dice que hay que hablar de minería todo el día, todos los días y en todo lugar, para revertir las leyes restrictivas. ¿Es tan así o hace falta algo más de fondo?, fue otra de las consultas periodísticas en el programa radial. “El gran problema que tiene la minería es la desinformación, así que yo comparto plenamente lo que dice el doctor Hensel. Hay ciertos movimientos que están en contra de la minería, pero la gran mayoría de la sociedad no toma partido por ninguna posición. Las minorías ruidosas son las que terminan imponiendo la agenda y tiran cierta desinformación respecto de la actividad. Si yo soy un ciudadano que no conozco demasiado de la actividad minera, por supuesto que me va a asustar escuchar que la minería va a contaminar el agua y que van a tirar cianuro en los lechos hídricos. Hay que hablar mucho de minería para sacar los estereotipos que estos movimientos han logrado imponer de manera muy eficaz”.

“Bajo la bandera del medioambiente salen a las provincias a sembrar terror. Queda muy bien el argumento del daño al medioambiente que no es tal, hay un impacto y dentro de los impactos de todas las actividades humanas están los tolerados y los que no. Si uno presenta un Informe de Impacto Ambiental que tiene impactos que no son tolerados, no va a ser aprobado. No hay que caer en la prohibición de antemano y por las dudas”.

Rodríguez considera que es “fundamental trabajar en concientizar acerca de la importancia de la actividad minera. Hay que explicar que las decisiones judiciales que se están adoptando, las normas provinciales que se han ido dictando, son ilegales porque no conforman al sistema constitucional argentino. La desinformación que se da respecto de la actividad minera se da también en el ámbito jurídico porque la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, dictó el fallo de glaciares y todos los diarios salieron a decir que la Corte había confirmado la validez de la ley sobre protección de glaciares y eso no fue así. Lo que hizo la Corte Suprema fue decirle al demandante que no veía que tuviera un perjuicio concreto y que cuando lo tenga, y no pueda llevar adelante su proyecto con esta ley, se volvería a discutir”.

LA ZONIFICACIÓN MINERA EN CHUBUT

Leonardo Rodríguez sostuvo que no cambia mucho el escenario el hecho de que la Legislatura chubutense rechazara la iniciativa popular presentada por la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut. Se rechazó porque decía que era un proyecto de ley sobre sustentabilidad ambiental de las explotaciones mineras y en realidad no buscaba ninguna sustentabilidad, sino la prohibición de la actividad minera. La Legislatura hizo bien, pero lo que más me preocupa ahí es que lo rechazó por un voto y no fue unánime como debía porque una norma de ese tipo es ilegal y nosotros en la Argentina tenemos que acostumbrarnos a respetar la ley. De acuerdo con el sistema constitucional que tenemos, de acuerdo con las normas que han sido dictadas, de acuerdo con los poderes delegados por las provincias a la Nación, hoy no se pueden dictar normas que restrinjan la actividad minera. Sí pueden dictar normas tendientes a imponer mayores controles a la actividad minera pero la prohibición no es un mayor control. Tenemos que tomar el toro por las astas y, de una vez por todas, hacerles entender a nuestros legisladores, a nuestros jueces, por dónde tienen que analizarse las cuestiones jurídicas relacionadas con la minería”, concluyó.

 

 

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