Aterra Capital y Solway Investment, los dueños del proyecto minero de U$S 600 millones para extraer cobre en Uspallata, decidieron que Mendoza dejó ser ser prioritaria en su plan de negocios global, tras una nueva demostración de que la provincia no tiene un camino claro en torno a este tipo de inversiones.
Como un calco de la salida de la minera brasileña Vale de la provincia hace unos años, ahora fueron los rusos de San Jorge los que decidieron reorientar sus inversiones internacionales y abandonar el proyecto para extraer cobre y oro en el yacimiento de Uspallata.
No hay que explorar demasiado para entender los motivos de la salida. Aterra Capital y Solway Investment, los dueños del proyecto, son mineras globales con desarrollos en todo el mundo. El primero es dueño de minas de uranio en Turquía, de cinc en Kenia, de plata en Rusia y de otros minerales en Colombia, Nueva Guinea e Indonesia. Solway explota níquel en Guatemala, oro en el este de Rusia y zinc en Macedonia.
Para ambas empresas la inversión prevista en la provincia, que estaba pautada en U$S 600 millones, dejó de ser prioritaria en su plan de negocios.
Fueron varios los motivos que impulsaron esa decisión. Hacia finales de 2018 el debate en la Legislatura que abrió la posibilidad de modificar la ley 7722 les dio un impulso a los inversionistas rusos. Pero esos cambios no prosperaron.
El gobierno de Alfredo Cornejo tuvo su cuota parte de responsabilidad. El gobernador apoyó en privado los cambios, pero nunca dio el paso político de respaldarlos fuerte en el Senado.
El autor de la iniciativa, el senador kirchnerista Alejandro Abraham, entre un puñado de cambios, proponía eliminar el control legislativo para la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (paso clave para autorizar cualquier proyecto) y además apuntaba a dejar redactado de otra manera el artículo que podía quitarle el cepo a la utilización de algunas sustancias que la actividad tiene hoy restringidas. La ley ni siquiera logró despacho de comisión. Fue un golpe fuerte para la mirada de los inversores mineros en general.
Si los cambios en la 7722 avanzaban, la minería a gran escala no iba a terminar desembarcando en el mediano plazo en la provincia. Pero se podría haber abierto la puerta para destrabar por lo menos tres proyectos: uno de ellos es Hierro Indio, el otro Cerro Amarillo y el tercero, precisamente, San Jorge.
Las idas y vueltas ya llevan más de diez años. En setiembre de 2008, la entonces dueña del yacimiento, la canadiense Coro Mining Corp, presentó su Informe de Impacto Ambiental (DIA) ante el gobierno de Celso Jaque que fue aprobada casi dos años después.
Sin embargo el plan de inversiones se frustró en agosto de 2011 y por cuestiones que fueron políticas, no técnicas. Ocurrió en plena campaña electoral, cuando el entonces candidato del peronismo, Francisco Pérez, pidió a los legisladores de su partido que no ratificaran la autorización para que la mina comenzara a operar.
San Jorge presentó (hacia mediados de 2012 y cuando todavía estaba en manos canadienses) un proyecto de adaptación del plan original de extracción de minerales en esa zona de Uspallata y solicitó una ampliación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para desarrollar un nuevo proyecto biprovincial.
El plan fue extraer la roca del cerro ubicado en la estancia El Yalguaraz y proceder al proceso de lixiviación (el tratamiento para extraer oro y cobre) en San Juan, donde este tipo de procedimientos no están prohibidos por ley como acá.
Lo que la provincia debía autorizar o rechazar, vía una adaptación de la DIA original, era la construcción de una vía férrea de 22 kilómetros entre el cerro y Calingasta (la ciudad sanjuanina más cerca del límite en esa zona) para desarrollar la explotación.
En el camino la mina cambió de dueño: Coro vendió sus acciones al consorcio ruso que ahora cerrará sus oficinas en Uspallata a partir de abril y se inició un nuevo proceso.
Hace una año y medio, en setiembre de 2017, el gobierno de Alfredo Cornejo desestimó esta propuesta de explotación biprovincial. Dictaminó que la empresa debía presentar una nueva Declaración de Impacto Ambiental y no una “actualización” de la anterior y nuevamente todo se cayó.
Una sensación recorrió siempre los pasillos del Senado cuando se debatió si modificar o no la 7722: que toda la discusión beneficiaba en primera instancia a San Jorge.
La empresa lo negó siempre, pero no era impensado ese razonamiento. Como se dijo, de todos los proyectos mineros de peso que están diseñados para Mendoza, el que estaba en condiciones de comenzar a operar en un plazo de tres años como máximo era este de Uspallata.
San Jorge siempre pujó para que el expediente avanzara sin la necesidad de ratificación legislativa de la DIA y manifestaron su intención de solo autorizar informes técnicos y buscar nuevamente la autorización del Poder Ejecutivo para operar.
Algunas desinteligencias dentro del Gobierno hicieron su juego. Si bien el área de Energía entendía la posición jurídica de la empresa, las autoridades de Ambiente fueron las que sostuvieron siempre que el proyecto debía volver a “fojas cero”. San Jorge preguntó en su momento si podía utilizar algunos informes técnicos referidos a flora y fauna hechos hace diez años y les dijeron que sí. Pero que todo el procedimiento anterior había sido “archivado” y que por ello debía arrancar un procedimiento nuevo.
Los rusos le dijeron abiertamente a las autoridades provinciales que ratificaban los U$S 600 millones que salía reflotar el proyecto.
Y apostaban a los tiempos. Si les permitían una actualización simplemente de la DIA, apostaban a que en menos de un año podrían haber empezado a trabajar en la zona. De la otra forma, y con la historia que tiene Mendoza al respecto, los trabajos de explotación no comenzarían en dos años, o muchos más.
Demasiado tiempo y en una provincia, además, en la que avanzar en inversiones mineras de estas proporciones, a esta altura, está claro que resulta imposible.
Fuente: Mdz
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