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Proponen reducir la presión impositiva al sector minero

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Según un informe especial divulgado ayer por la consultora KPMG sobre competitividad y tendencias para la minería argentina, “el sector necesita con urgencia un cambio radical en materia impositiva, de tal manera que se aliviane la presión tributaria sobre el mismo que en 2019, teniendo en cuenta el peso de los aranceles a las exportaciones podría llegar a 29% de los ingresos”.

El trabajo analiza el comportamiento de la actividad productiva y entre sus conclusiones señala que la minería argentina “ha visto limitado su desarrollo en los últimos años en respuesta a una serie de sucesos internos y externos que no han permitido explotar totalmente las oportunidades que la actividad tiene. A la baja de los precios de los minerales, evento que tiene lugar por una sustancial caída en la demanda internacional, se han sumado hechos internos, tanto políticos como económicos, que la han impactado principalmente en 2018.”. El informe fue elaborado por Mario Belardinelli, socio de Minería de KPMG Argentina.

En relación a los precios mineros, se advierte que “el cambio inducido por la Reserva Federal de Estados Unidos en la política minera y el consecuente aumento de tasas de interés en el corto a mediano plazo sesgarán los flujos de inversión hacia instrumentos y activos financieros, retrayendo así la demanda y los precios de las commodities en la mayoría de los mercados internacionales”. De acuerdo al relevamiento, “ello podría derivar en una significativa retracción de los fondos globales destinados a la inversión productiva, incrementando, de esta manera, la selectividad de la IED y la competencia de los países mineros por llevarlos hacia sus territorios. Con tantas limitaciones en el plano externo, la competitividad de los países deviene en un determinante crucial para el desarrollo local de la minería.

En ese sentido, en Argentina, el sector minero y la mayoría de las actividades productivas necesitan de reformas estructurales que puedan traducirse en el mediano plazo en mejoras sustanciales y permanentes en los niveles de productividad, provisto que el país viene observando bajas calificaciones en relación a sus competidores, tanto en lo referido a la competitividad estructural como en lo relacionado al análisis de las variables de desempeño que la afectan”.

Fuente: El Economista

 

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