El Consejo Federal de Minería (Cofemin) expresó su «rechazo y repudio a los actos antidemocráticos» ocurridos en Chubut, que forzaron la suspensión de la discusión en la Legislatura local sobre la zonificación para posibilitar la actividad minera en la meseta central de la provincia.
El Cofemin, formado por las 23 provincias argentinas, «conoce perfectamente las reglamentaciones vigentes, la actividad minera y la necesidad de los pueblos», expresó mediante un comunicado al referirse a los ataques que recibieron varios de los legisladores provinciales en sus viviendas.
«Estos tres parámetros fundamentales garantizan la sustentabilidad de cualquier proyecto minero argentino, y es por eso que está absolutamente convencido de que el crecimiento de la industria minera no solo es posible en Argentina, sino que resulta necesaria para aportar a las mejoras en el desarrollo y el bienestar social» de la población», expresó el Consejo.
El escrito fue firmado por el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, en su rol de presidente del Cofemin,y demás miembros en representación de las provincias.
El jueves, el vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, informó que la sesión que se iba a realizar esa mañana para tratar el proyecto de zonificación minera en la provincia, «no se llevará a cabo» por razones de seguridad.
Precisó que «varios domicilios de diputados fueron atacados por manifestantes anti mineros», que se oponían a la sesión virtual en la que se iba a tratar el proyecto de zonificación para esa actividad.
En referencia a esos hechos, los representantes del Consejo Federal Minero aseveraron que «no es posible acordar con la violencia y la ausencia de diálogo, no es posible acordar con la mentira y la desinformación, no es posible que no se respeten las instituciones democráticas».
«No nos podemos dar el lujo en estos tiempos de seguir retardando el desarrollo que nos merecemos, y continuar rechazando oportunidades de generación de mano de obra de primer nivel a nuestro pueblo ni infraestructura a nuestro territorio»; resaltaron.
Para la entidad, las reglamentaciones vigentes «permiten suspender cualquier tipo de actividad productiva en caso que el ambiente corra peligro».
«Lo que no es constitucional ni muchos menos democrático, es pretender defender los derechos de algunos, silenciando violentamente los derechos de otros, y tratar de callar con la violencia uno de los poderes públicos del Estado», completó.
Fuente: Telam
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